Sí, es indispensable por coherencia democrática y por obligación legal. La Ley 4/2023 de participación ciudadana obliga a la Generalitat a fomentar estos procesos. Las políticas familiares solo pueden ser eficaces si nacen de la escucha directa a la ciudadanía, pues permite que respondan a las necesidades reales y no a meras suposiciones teóricas. La sociedad es diversa, y esta participación es el único modo de atender con precisión las circunstancias específicas de todas las familias, especialmente las que afrontan mayores vulnerabilidades, como aquellas con miembros con discapacidad. Sin su voz, las medidas corren el riesgo de ser ineficientes y no solucionar los problemas de fondo reales. Un Observatorio es la herramienta idónea para canalizar esta participación de forma estable y rigurosa, garantizando una acción de gobierno más justa, inclusiva y certera

Consideramos esencial que, en la creación del Observatorio de Familia, se garantice la participación activa de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de la Generalitat en materia de familias. La forma más adecuada para materializar dicha participación sería mediante un proceso estructurado de participación ciudadana, que fomente la recogida de propuestas, necesidades y aportaciones de los distintos agentes sociales y familiares del territorio. Asimismo, estimamos de gran relevancia la constitución de un órgano estable de participación, que asegure la continuidad, la representación plural y la interlocución permanente entre la administración y la ciudadanía en el ámbito de las políticas familiares.

La creación de un órgano estable es la fórmula más adecuada. Los procesos de participación puntuales, aunque útiles, carecen de la continuidad que exigen las políticas de familia. Las necesidades de las familias, y en especial las de aquellas con miembros con discapacidad, no son estáticas; requieren un seguimiento constante, la evaluación de políticas y un diálogo permanente entre la administración y la sociedad civil. Un órgano como el Observatorio garantiza esta interlocución estable, crea memoria institucional y permite un trabajo a largo plazo. Se convierte en un referente y un canal predecible para que la voz de la ciudadanía y del tejido asociativo sea escuchada de manera sistemática, y no solo de forma esporádica o según la voluntad política del momento. Esta estructura permanente es la única que puede monitorizar derechos e identificar necesidades sociales de forma verdaderamente eficaz.

La forma más adecuada para materializar dicha participación sería mediante un proceso estructurado de participación ciudadana, que fomente la recogida de propuestas, necesidades y aportaciones de los distintos agentes sociales y familiares del territorio. Asimismo, estimamos de gran relevancia la constitución de un órgano estable de participación, que asegure la continuidad, la representación plural y la interlocución permanente entre la administración y la ciudadanía en el ámbito de las políticas familiares.

Sus funciones deben ser: 1) Análisis y Diagnosis: realizar estudios sobre la situación de las familias, con datos desagregados por discapacidad, para identificar con precisión sus necesidades y demandas sociales. 2) Propuesta y Consulta: elaborar propuestas de mejora de políticas públicas y ser consultado preceptivamente en la elaboración de normativas que les afecten. 3) Seguimiento y Evaluación: monitorizar la aplicación efectiva los derechos de las familias y evaluar el impacto real de las políticas, verificando su alcance en la diversidad familiar. 4) Colaboración y Sensibilización: ser el canal de colaboración estable entre la administración y el tercer sector y promover una visión social inclusiva. Estas funciones garantizan un órgano proactivo y no meramente testimonial, capaz de generar un impacto real y positivo.

1. Asesoramiento, consulta y propuesta.
2. Escucha, diagnóstico y recogida de necesidades.
3. Promoción, sensibilización y formación.
4. Participación y empoderamiento.
5. Coordinación y trabajo en red.
6. Prevención, protección y bienestar.

La representación debe ser plural y transversal para reflejar la diversidad familiar. Deben estar siempre presentes: 1) Administraciones Públicas: Generalitat (con consellerias clave como Sociales, Sanidad, Educación, Vivienda, Empleo) y la administración local (FVMP). 2) Agentes Sociales: sindicatos y organizaciones empresariales representativas. 3) Tercer Sector de Acción Social: de forma ineludible, plataformas como el CERMI CV para la discapacidad, junto a entidades de familias diversas (numerosas, monoparentales, LGTBIQ+) y de lucha contra la pobreza. 4) Expertos y Academia: universidades y los colegios profesionales que aporten rigor técnico y científico. Esta composición garantiza una visión integral, combinando la experiencia vivida de las familias, el conocimiento experto y la responsabilidad política de las administraciones.

El órgano de participación en materia de familia debería tener una composición amplia, plural y transversal, que integre a las administraciones públicas, las profesiones del ámbito social, educativo y sanitario, las entidades del tercer sector y asociaciones de familias, así como a la ciudadanía directamente afectada, incluyendo la diversidad de modelos familiares, edades, orígenes y realidades sociales. Su objetivo es garantizar una representación equilibrada que permita diseñar, evaluar y mejorar las políticas familiares desde la perspectiva de derechos, equidad y justicia social.
1. Administración pública.
2. Profesionales y colegios oficiales.
3. Tercer sector y asociaciones.
4. Representación directa de la ciudadanía y las familias.
5. Ámbitos complementarios (Sector judicial y de protección; Ámbito laboral y económico; Seguridad y justicia).
6. Diversidad y enfoque transversal.

La política familiar es transversal y no puede ser abordada desde un único departamento. El bienestar de las familias, en especial las que incluyen personas con discapacidad, depende de un ecosistema de políticas coordinadas. Por ello, la representación del Consell debe ser amplia. Son imprescindibles: Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (eje central); Sanidad (clave para la atención temprana y la dependencia); Educación, Universidades y Empleo (pilares de la inclusión y autonomía personal); y Hacienda (porque sin presupuesto no hay derechos efectivos). Además, son cruciales Justicia (protección de derechos), Territorio (accesibilidad universal en el entorno) y Economía e Innovación (impacto en el empleo y las ayudas). La ausencia de cualquiera de estos departamentos crearía un enfoque parcial e ineficaz, impidiendo la acción integral que se requiere.

Consideramos que deberían estar los siguientes departamentos, que hemos ordenado por orden de importancia de mayor a menor:
-Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación.
-Conselleria de Sanidad.
-Vicepresidencia Primera y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana.
-Conselleria de Justicia y Administración Pública.
-Conselleria de Hacienda y Economía.
-Conselleria de Emergencias e Interior.
-Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
-Presidencia de la Generalitat.

Los departamentos que consideramos son prescindibles serían la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; y Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

El decreto debe garantizar aspectos clave para la eficacia del Observatorio. Primero, la suficiencia de recursos: asignarle una dotación presupuestaria y personal técnico propio para un funcionamiento autónomo y riguroso; sin esto, será meramente testimonial. Segundo, un mecanismo de rendición de cuentas: obligar a la administración a dar respuesta motivada y pública a las recomendaciones del Observatorio, explicando su aceptación o rechazo. Tercero, la máxima transparencia: toda su actividad (actas, informes, datos) debe ser pública en un portal web que cumpla con los estándares de accesibilidad universal para personas con discapacidad. Finalmente, el decreto debe asegurar el uso de lenguaje inclusivo y garantizar una adecuada participación territorial para reflejar la diversidad de toda la Comunitat Valenciana.

Consideramos fundamental que el Decreto de creación del Observatorio de Familia contemple los siguientes aspectos clave.
1. Finalidad y funciones
2. Composición y representatividad.
3. Participación ciudadana y funcionamiento.
4. Perspectiva transversal e inclusiva.
5. Medios, recursos y coordinación.
6. Evaluación e impacto.
El Observatorio debe configurarse como un órgano real de participación, análisis y propuesta, no simbólico, que combine rigurosidad técnica y cercanía social, asegurando que todas las familias de la Comunitat Valenciana —en su pluralidad y diversidad— estén escuchadas, representadas y protegidas.