Adicionalmente, esta coherencia también tiene la pretensión de armonizar los currículos de esta comunidad autónoma con los del resto del Estado español. Para ello, se ha tenido en consideración que buena parte del alumnado que concluye satisfactoriamente esta etapa, se presenta a las pruebas de acceso a la universidad, que constituyen un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en el que existe un acceso a los estudios superiores bajo el paraguas de un distrito único universitario a nivel estatal. Estas pruebas de acceso a la universidad evaluarán el grado de adquisición de las competencias específicas de las materias objeto de evaluación a través de la aplicación de los criterios de evaluación previstos en los currículos establecidos, teniendo como referencia el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Nuestra comunidad autónoma es responsable de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial. Teniendo en cuenta que el mismo ha de contener los aspectos básicos que constituyen las enseñanzas mínimas, que en la actual norma vigente no han sido integradas de forma correcta, ante la necesidad de que se armonice con el resto de las comunidades autónomas, resulta necesario modificar el currículo de las materias que se recogen en el anexo II del decreto vigente (materias comunes y de modalidad de bachillerato). Por otra parte, en el ámbito de las materias optativas, se ha incluido una nueva materia relativa a la Unión Europea, con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de los centros educativos y su interés cada vez mayor por iniciar procesos de internacionalización; y por otra parte, para fomentar la ciudadanía europea y los valores comunes del proyecto europeo. Esta última necesidad surge de la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, en la que se sugiere reforzar la adquisición de competencias ciudadanas sobre valores comunes, a que se hace referencia en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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