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Plan autonómico contra el amianto

Codi de la iniciativa: GVA Participa-2021-09-406

Los efectos perjudiciales del amianto para la salud son de sobra conocidos por la sociedad general, pero necesitamos medidas más contundentes para mejorar este problema de salud pública.

El que se consideraba como material perfecto; barato, resistente, y con capacidades aislantes, tenía el problema de ser carcinógeno. España prohibió su uso en 2002, 18 años después que el primer país europeo en hacerlo (Noruega, en 1984), 10 años después de Italia, 9 de Alemania y 6 de Francia. Según este estudio del Instituto de Salud Carlos III, los casos de asbestosis reconocidos como enfermedad laboral en España están infravalorados y en el periodo 2002-2010 la Comunidad Valenciana fue la primera autonomía en número de casos. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR, el amianto provoca 88.000 muertes al año en Europa, y antes de 2050 se prevé que puedan haber muerto en España 130.000 personas a causa de la exposición a este material, de las que faltarían por ocurrir más de 50.000 muertes.

Los problemas derivados de la exposición al amianto no están asociados únicamente a su manipulación a nivel laboral. En este aspecto existen normativas y protocolos específicos. Sin embargo, se estima que cuando llega al final de su vida útil comienzan a desprenderse fibras que pueden afectar a las personas en cuyos entornos se encuentra este material. El 85% del amianto instalado en España llegará al fin de su vida útil en 2030. La retirada de este material es un proceso caro, debido a los requisitos de seguridad en el trabajo de quienes se dedican a esta actividad. Este coste es difícilmente asumible por muchas familias y personas, ya que habitualmente son las que menos recursos tienen las más expuestas a este material.

Si tal y como se anuncia, la Generalitat Valenciana está invirtiendo en acometer profundos cambios para la transición ecológica y la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, es necesario una actuación integral contra el amianto que demuestre el compromiso del Govern con la salud de los ciudadanos.

• Detección activa y precoz de las patologías relacionadas con la exposición al amianto.
• Reconocimiento de las víctimas, a nivel institucional y creación de un fondo de indemnizaciones para ellas y sus familias.
• Elaboración de un censo autonómico de amianto instalado en todo tipo de construcciones, desde edificios de viviendas hasta construcciones agrícolas auxiliares; así como de aquellos lugares donde puedan existir vertidos de dicho material.
• Plan de retirada con financiación autonómica, provincial y local. Son necesarias ayudas cercanas al 100% para que los particulares pueda retirarse todo el amianto existente en nuestro entorno, siendo prioritarios los espacios públicos, en especial los educativos y sociosanitarios.
• Publicidad y asesoramiento para que todas las personas expuestas puedan recibir las ayudas previstas.
• Cooperación con otras comunidades autonómas para ejercer presión al ministerio de Sanidad y en el Congreso de los Diputados por un Pacto de Estado contra el amianto.

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